carácter de oficial público - instrumentos públicos

DIAZ OLAVARRIETA, LILIANA c/RUGGIERO, SILVIO" - CNCIV - SALA G - 30/03/2001 LL 2001-F-415, J.A, 2001-III-676.

DIAZ OLAVARRIETA, LILIANA c/RUGGIERO, SILVIO" - CNCIV - SALA G - 30/03/2001 LL 2001-F-415, J.A, 2001-III-676.
Buenos Aires, marzo 30 de 2001

…El juicio por redargución de falsedad de un instrumento público tiene por finalidad destruir la presunción de autenticidad que emana del expediente por un funcionario público y, en consecuencia, persigue la declaración de que los hechos materiales que éste hubiere anunciado como cumplidos por él mismo o que han pasado en su presencia no han tenido lugar. De manera que se reprocha directamente al fedatario haber falsificado materialmente el instrumento, o haber insertado en él afirmaciones no veraces, haberlo adulterado en todo o en parte o suprimido (Brebbia, Roberto H., "Hechos y Actos Jurídicos", t II, p.468; Belluscio - Zannoni, "Código Civil...", t4 pág. 555; Rivera Julio C., "Instituciones de Derecho Civil-Parte General", t II, p.676; Llambías, Jorge J., "Parte General", T II nº 1671, p. 444)). De lo expuesto se deduce que el proceso versa sobre aquellos elementos que atañen con exclusividad a la fe pública y deja de lado los defectos o la ineficacia de tales actos en todo aquello que se vincule con los efectos que normalmente están destinados a producir. -
Ahora bien, en los agravios ninguna referencia se realiza a la adulteración de la carta documento, razón por la cual el rechazo decidido en la resolución apelada ha quedado firme. Se insiste, en cambio, en que el acta acompañada a fs. 384 ha sido adulterada y se efectúan al propio tiempo consideraciones sobre la validez de las notificaciones realizadas a las partes y con relación a la inasistencia de todos aquellos que debieron comparecer a las audiencias. -
Como primera medida se impone establecer si el acta impugnada ha emanado de un funcionario público, y por lo tanto, si se encuentra sujeta al procedimiento de redargución de falsedad.-
Son instrumentos públicos los otorgados con las formalidades que la ley establece, en presencia de un oficial público, a quien la ley confiere la facultad de autorizarlos y a quien la ley le confiere la facultad de autorizarlos y a los que otorga plena fe, sin necesidad de posteriores pruebas o verificaciones (conf. Rivera, Julio C., op. cit., pág. 642). A su vez corresponde coincidir con la doctrina mayoritaria en cuanto a que la nómina que contiene el art. 979 del Cód. Civil, es meramente ejemplificativa (conf. Llambías, Jorge "Cód. Civil Anotado" t.II-B, pág. 155; Borda, Guillermo "Parte General", t. II p.195; Rivera, Julio C. op .cit., pág. 645; Belluscio Zannoni, op. Cit., pág. 496; Brebbia, op. cit., p.418).-
Ahora bien, por las características de la función que la ley le encomienda, el mediador no puede ser considerado lisa y llanamente un funcionario público. Empero, no puede desconocerse que en el procedimiento obligatorio regulado por la Ley 24573 actúa como Oficial Público (Dupuis, Juan C., "Mediación y Conciliación", p. 228;; Caballero, José Severo "Responsabilidad penal de los mediadores frente a la reciente ley 24573 de Mediación y conciliación", en La Ley, 1966-D 1559 y sgtes.) En efecto, su actividad está preestablecida en la ley, se encuentra sujeto al contralor del Estado que es, además, quien lo habilita para el desempeño de su función y le confiere las potestades para dirigir el trámite, imponer multas, etc. También tiene obligación de excusarse y puede ser recusado por las mismas causales establecidas en el Código Procesal para los jueces. Los acuerdos que se concluyan en su presencia, no requieren - en general - homologación judicial. A su vez, en las actas que labra con motivo de las audiencias efectúa un relevamiento de lo ocurrido en su presencia y su sola exhibición en juicio es suficiente para tener por acreditado el cumplimiento del recaudo obligatorio previo (art. 1º dec. 91/98). Todas estas atribuciones son demostrativas de que para el ejercicio de su misión, la legislación considera al mediador como oficial público y acuerda a las actas que labra el carácter de instrumento público. Si no fuera así, por ejemplo, para acreditar el cumplimiento de la etapa respectiva, la ley debería prever la citación del mediador a efectos del reconocimiento de su firma o el cumplimiento de otros recaudos extremos éstos descartados en razón de la autenticidad que implícitamente deriva de su intervención. -
De lo expuesto se concluye que, contrariamente a lo sostenido en la resolución de fs. 159 y sig. por el juez de grado, el proceso de redargución es la vía apropiada para atacar el acta impugnada si se le adjudica al mediador interviniente haber incurrido en falsedad material o ideológica. En cambio, no es el proceso indicado cuando el reproche excede este objetivo y se desplaza al plano de cumplimiento de todos y cada uno de los pasos para dar por concluida la mediación. Estos tópicos, están directamente vinculados al efectivo cumplimiento de la instancia previa que la jurisdicción debe verificar para tener por habilitada la instancia contenciosa en base a los propios hechos cumplidos por el mediador y no comprometen la autenticidad que emana del acta. Por el contrario, se trata de extremos que deben ser denunciados y examinados en el marco de cada planteo, como de hecho ocurrió - en el caso - al promoverse incidente de nulidad en los autos principales. -
En este marco, sólo es viable esclarecer si, efectivamente, el acta de fs. 384 ha sido adulterada. Y al respecto se advierte que este tópico no puede ser válidamente decidido como de puro derecho, sino que previamente deberá producirse prueba para establecer si la incorporación de la fecha al instrumento tuvo lugar en un momento posterior a la confección del acta, para lo cual se deberán proveer las medidas ofrecidas que resulten conducentes para el esclarecimiento de esta cuestión. -
Con estos exclusivos alcances, se resuelve: revocar la resolución de fs. 159 y vlta, con costas por su orden causado en atención al progreso parcial de las quejas (art. 71, Cód. Procesal.)
Fdo.: Carlos Belluci - Roberto Greco . Leopoldo Montes de Oca.//-

 

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